Procedimiento Inspector y proceso penal. Problemas no resueltos en la doble instrucción de delitos contra la hacienda pública en el Reino de España

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Autor:
López Martínez, Juan
URI:
https://hdl.handle.net/10925/1846
Carrera:
Derecho
Facultad:
Facultad de Ciencias Jurídicas
Fecha de publicación:
2017-11-22
Datos de publicación:
Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política, Vol. 7, N°3, 11-56, 2016
Temas:
Procedimiento de inspección - Noticia criminis - Tanto de culpa - Derecho a no autoinculparse - Principios punitivos
Collections
Resumen:
En el presente estudio se analizan las relaciones existentes en el derecho positivo español entre la articulación de las instrucciones del procedimiento de regularización de la deuda y el proceso por delito contra la Hacienda Pública. En él se pone de manifiesto que en la normativa que resulta aplicable no se establecen el conjunto de técnicas que de forma precisa articulen los derechos, deberes y garantías que han de observarse en ambos órdenes. En este sentido se analiza el concepto y efectos de la «noticia criminis» en el procedimiento de Inspección tributaria vigente en España; la naturaleza, el contenido y el alcance del traslado del «tanto de culpa» y, la operatividad y sus límites, del derecho a no autoinculparse en el procedimiento de regularización de deudas. Problemas que resultan nucleares en cualquier regulación que se establezca para la articulación de las relaciones entre procedimiento y proceso
 
The present study analyzes the existing relationships in Spanish statutory law by which instructions for debt regularization and trials for offences against the National Treasury are coordinated. It shows that the applicable regulations do not establish technical conditions that precisely express the rights, duties and guarantees to be observed in the two spheres. In this context we analyze the concept and effects of "Notitia criminis" in the Tax Inspection procedure in force in Spain; the nature, content and scope of the transfer of "share of guilt"; and the operability and limits of the right not to self-incriminate in the debt regularization procedure. These are central problems in any regulation established to coordinate relations between administrative procedures and criminal trials
 

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